Roberto
Centeno, Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid
25/06/2012
06:00h
Respetada
Canciller Federal:
Hace
tres semanas, el profesor e historiador norteamericano David Spengler publicaría
una carta abierta en The Asian Times dirigida a su persona, en la que la
pedía “que dejara caer a España”, y explicaba las razones, que iban desde la
incompetencia, el despilfarro y la corrupción generalizadas del Gobierno y
particularmente de las administraciones territoriales, donde nadie controla
nada y nadie responde de nada, lo que implica una asignación del grueso de los
recursos públicos (45 % del PIB) en forma tan disparatada e ineficaz que supera
todo lo imaginable. Adicionalmente, según el Dr. Spengler, el Gobierno miente
en todo: sobre su situación económica, sobre la bancaria y sobre la fiscal. Su
deuda y los intereses son ya inasumibles y, en consecuencia, somos insalvables.
No
obstante, y aun reconociendo la veracidad de sus afirmaciones -que
tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad inaudita de las cifras
oficiales-, España no sólo es salvable es que ni siquiera necesitaría la
intervención, sólo necesita la supresión del sistema autonómico,
que representa un despilfarro anual de más de 120.000 millones de euros,
equivalentes al 12% del PIB. Sin embargo, la oligarquía política se opone
radicalmente a desmontar esta gigantesca estructura que ha levantado en su
exclusivo beneficio y escapa a las manos de los españoles el poder de
cambiar este expolio de proporciones épicas. A día de hoy, el déficit de las
regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y
está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”,
supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado
en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados. Y
tampoco pueden pagar los vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y
esperan que el Gobierno con el dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una
deuda pública total -no solo la computable- del 118 % del PIB oficial, un
déficit 2012 estimado en más de 110.000 millones y unos intereses del
4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha superado el punto de
no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller de Alemania y líder más
cualificada de Occidente tiene el poder de acabar con una situación que
supondrá la ruina, no solo de España sino tal vez el fin de la zona euro. Y
para evitarlo bastaría exigir, condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma
radical de las instituciones territoriales responsables de los dos tercios del
gasto público. Es absolutamente inaceptable, tanto social como económicamente,
que la UE y el FMI exijan a España que suba impuestos y recorte prestaciones,
sin antes acabar con el despilfarro autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y
recortar pensiones y mantener 30.000 coches oficiales o dos millones de
empleados públicos inútiles? ¿Cómo destruir la economía productiva y de las
familias y mantener intacta la improductiva? Y es ahí Sra. Canciller, donde los
españoles necesitamos desesperadamente su ayuda.
Como
conoce perfectamente, porque lo ha vivido en primera persona, España ha estado
gobernada durante más de siete años por un presidente poco cualificado y ahora,
a pesar de las ilusiones populares puestas en el cambio, Mariano Rajoy
se ha revelado un fracaso total. Ni tiene coraje, ni tiene un plan ni intención
alguna de tenerlo, toda su gestión ha resultado una auténtica tragedia. Ambos,
junto con el aparato de sus propios partidos, funcionan exclusivamente como una
oligarquía -España tiene 450.000 políticos, cuatro veces más por habitante que
la UE- de intereses comunes y nunca como partidos nacionales. Para
ellos son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los
intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo
de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina.
Vivimos
bajo un modelo que dividió la nación en 17 autonomías territoriales, totalmente
contrarias, excepto dos, a la Historia y a la realidad objetiva de España.
Estas autonomías, cuyas competencias más que duplican a las de los Estados
federales, son el vehículo con el que la oligarquía política fue colocando a
sus familiares, amigos y correligionarios, creando para ello, el equivalente a
17 mini-estados con todos los órganos propios de una nación, desde 17
Parlamentos a 19 televisiones públicas (todas en pérdidas), 23 Universidades
sin alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos con 300 pasajeros/mes, pasando
por infraestructuras absolutamente ruinosas. A ello se unen 8.200
Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con niveles de
despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más endeudada de Europa, tiene
1.500 asesores inútiles, 180 coches oficiales, personal cinco veces más que los
grandes ayuntamientos mundiales y ha gastado 500 millones de euros en dotarse
de la sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de madrileños vive
por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y ahora ¡quieren
organizar los Juegos Olímpicos!
La
rémora del empleo público
Primero
colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizan dos
millones de empleados públicos nombrados a dedo –causa principal del brutal
nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos
en el sector privado- y donde para no tener que dar explicaciones a nadie
crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una
inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000
personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado.
El
grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo de Estado. El
54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el año 2.000 en cajas de
ahorro, que habían sido el referente de las clases humildes españolas durante
casi dos siglos y que se convertirían en botín preferido de los Presidentes
autonómicos, que impondrían a personas políticas afines no profesionales al
frente de las mismas, al objeto de poder disfrutar de un poder económico casi
ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates más inauditos.
Veinte
“gestores” irresponsables y moralmente corruptos, interrelacionados política y
económicamente por 14 presidentes autonómicos, que les garantizaría la no
intervención del Banco de España primero y la ocultación de la realidad de sus
balances después, financiarían los proyectos inmobiliarios más inauditos, que
junto con las grandes obras públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de
estas instituciones bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y nacionalistas
sellarían un pacto de silencio para que ninguno de los responsables de tamaña catástrofe
fuera procesado. La última acción al respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy,
de acuerdo con el PSOE, al no destituir al Gobernador del Banco de
España por grave incumplimiento de sus obligaciones a cambio de su silencio.
En
conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel de endeudamiento
público y privado del orden del 400% del PIB, el más elevado del planeta, una
cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro de ella, la deuda pública no cesa
de crecer, gracias a la actitud absolutamente irresponsable del BCE, cuyos
préstamos se entregan sin control alguno para financiar el gasto corriente y
los agujeros bancarios, y donde ni un euro va a la economía productiva, lo que
arruinará España para varias generaciones. El rescate bancario ha sido de
nuevo insuficiente, porque se ha infravalorado la morosidad –la real
es doble de la oficial– y porque las viviendas caerán aún un 35% y no se ha
tenido en cuenta. Además crea un círculo vicioso de bancos quebrados comprando
deuda con el dinero del BCE para mantener un Estado quebrado, que a su vez se
endeuda para salvar a estos mismos bancos quebrados. Sólo la actuación
simultánea sobre el sistema financiero, cerrando los bancos inviables y
cambiando de modelo de Estado, puede salvarnos.
Sin
embargo, si la ya inevitable intervención se hace en forma indiscriminada,
desconociendo la realidad económica de la nación, reduciendo salarios y
prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de raíz los focos de despilfarro
y manteniendo intactos los 450.000 políticos, parásitos sociales en su mayoría,
que nos han llevado a la ruina, el resultado sería un desastre histórico y la
miseria y el hambre para millones. Es por ello Sra. Canciller, que como única
persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a
Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su lugar la supresión
la locura económica que implica la actual administración autonómica y local.
La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales,
permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en
relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal
deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras.
Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para
mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.
(Se envía copias a Wolfgang
Schäuble, Ministro de Finanzas de Alemania; Christine Lagarde,
Directora Gerente del FMI; Olli Rehn, responsable de Asuntos Económicos
y Euro de la Comisión, y Mario Draghi presidente del BCE)
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